Una fundamentada y extensa queja por escrito del Ministerio del Interiormotivó que el pasado 28 de diciembre la Suprema Corte de Justicia librara una circular para exhortar a los jueces a hacer un “uso responsable” de las tobilleras electrónicas. Asimismo, la Corte pidió a los magistrados que hagan un relevamiento de los casos para determinar si pueden disponer de una alternativa al Sistema de Monitoreo Electrónico.

El planteo del Ministerio del Interior señala que hay decenas de ejemplos en los que se ordena el uso de tobillera para casos que no cierran con los perfiles preestablecidos y, peor aún, que hay situaciones en las que sí se debería ordenar este monitoreo y, sin embargo, se opta por otras medidas “de justificación dudosa” y que ponen en riesgo la seguridad de la víctima. “A partir de las decisiones que han venido adoptando los magistrados, se ha producido un exponencial incremento de la aplicación de dichos dispositivos, en términos que este Ministerio no considera adecuados, en la perspectiva de la protección a las víctimas de violencia de género y, a la vez, de responder a la demanda de la Seguridad Pública en general”, sostuvo el subsecretario Pablo Abdala en la nota enviada a la Suprema Corte.

En 2020 el Ministerio del Interior disponía de 1.200 tobilleras para atender los fallos del Poder Judicial. Actualmente hay 1.900 dispositivos colocados y está en trámite el llamado para arrendar otros 400. El Programa de Tobilleras Electrónicas demandó en el año 2023 un presupuesto de $ 200 millones.

Según el Ministerio del Interior, en el último trimestre del año pasado hubo más de 400 decisiones judiciales relativas a la aplicación de tobilleras electrónicas.

Abdala afirmó en su escrito que el Ministerio ha constatado “una gestión no del todo eficiente en la asignación y, muy especialmente, el seguimiento de los casos”. Indica la nota que hay decenas de dispositivos que se mantienen conectados desde hace más de dos años cuando el promedio debería ser de seis meses. También precisa que hay tobilleras reconectadas por reiterados daños intencionales sin que esto tenga consecuencia alguna en los responsables.

Pero Interior también identificó casos en los que sería razonable la tobillera y sin embargo se ha apelado a otras medidas. Abdala afirmó que esto “impacta en el combate a la violencia de género, porque realidades que demandarían la aplicación de tobilleras son relegadas por otras de justificación dudosa, pero también en la seguridad pública en general”.

Fuente: elpais.com.uy